¿Será cierto que el Congreso quiere destituir al presidente?

 

¿Será cierto que el Congreso quiere destituir al presidente?

“Están viendo la posibilidad de incluir en el paquete político, una “compensación” a los congresistas por los meses que se les acortaría su periodo parlamentario. Pero ¿Qué hacemos con los otros ingresos? Aquellos que provienen de la gestión de intereses particulares. ..... Entendamos, que además de cuestiones políticas, que sin duda existen, hay muchas otras “razones” que motivan las conductas y los votos de los parlamentarios”

Nuestra Constitución dice que ante la falta de presidente y vice, hay que llamar a elecciones generales para nombrar nuevo presidente y también nuevo Congreso.

Es aquí cuando los parlamentarios comienzan a mirar las cosas con otros ojos. Si se tuvieran que ir todos, que les significaría a los congresistas, veamos:

Ingresos Oficiales:

Sueldos, calculados como si fuesen trabajadores dependientes, lo que merecería toda una discusión, desempeño congresal, bonificación representación, alcanzan al año, bruto, la suma de S/. 358 000, o su equivalente a S/ 3.70 por 1 U$S a aproximadamente U$S 97 000

Adicionalmente

·         Seguro Médico para el titular y la familia (con amplia cobertura)

·         Seguro de vida y accidentes personales

·         Un equipo de 7 personas de confianza pagados por el Congreso

·         1 Laptop, 1 tablet, 6 celulares, con U$S 3 600 de crédito al año.

·         2 personas de seguridad personal.

·         Una oficina de 120 m2., computadoras, impresoras, papel, tinta, etc.

 

Gestión de intereses particulares

 Días pasados, en TV abierta, la congresista Susel Paredes, con toda sinceridad, comentó que la remuneración oficial de los congresistas, para la mayoría de estos, no tiene mayor significación. Que los ingresos realmente importantes surgen de otras actividades. A partir de informaciones periodísticas o de investigaciones del Ministerio Público, podemos llegar a inferir una tabla de tipos de gestión de intereses, utilizadas con mayor o menor frecuencia por algunos parlamentarios. Veámoslas más en detalle:

·         La modalidad de votación preferencial imperante en el Perú, implica que cada candidato al Congreso deba competir con los demás partidos políticos, para que el suyo obtenga bancas y también contra todos los demás candidatos de aquel por el que postula, para ser él el electo y no los otros de su propia lista. Eso implica que la campaña política personal es costosa. Por eso en muchos casos, cada candidato busca conseguir “auspiciadores” que aporten a sus campañas. Obviamente eso genera la obligación de compensar esa “colaboración”  gestionando los intereses de sus financistas.

·         En otros casos, personas de fortuna poco explicable, necesitan favores políticos pero su trayectoria los hace impresentables. Eligen dentro de sus colaboradores alguno poco expuesto y le financian toda una campaña logrando, en más de un caso, su elección y nombramiento como congresista con el fin de favorecer y/o proteger los negocios de su “mecenas”.

·         En caso que algún grupo de interés tenga la expectativa en la emisión de alguna ley que los beneficie, basta disponer de una bolsa suficientemente atractiva y encontrar a un lobista que es el que sabe cómo, cuánto y a quien contactar. Antes de la pandemia, escuché voces, que considero bien informadas, que decían que, para la aprobación de una norma, se requería, en promedio, unos U$S 400 000, en cambio para evitar su promulgación, solo U$S 300 000 alcanzaba. La congresista Paredes, se refirió particularmente a esta fuente de “ingresos”.

·         Eso no es todo, hay más. Para poder ejecutar alguna obra pública, esta debe estar incluida en el Presupuesto General de la República. El Ministerio de Economía, en su proyecto, deja abierto un capítulo para que los congresistas incorporen las obras que impulsan y asegurarse así los votos necesarios. Teniendo en cuenta que es de rigor que las autoridades regionales o municipales cobren un porcentaje para adjudicar las licitaciones, el congresista que logra incorporar una partida al presupuesto, se considera con derecho a compartir esa comisión y suele pedir el 4 o 5% del monto presupuestado. (El ex congresista Cesar Combina, futuro candidato a alcalde de Lima por el fujimorismo, está buscado por varios alcaldes a quienes les cobró por adelantado y no les consiguió que le adjudiquen ninguna partida, en resumen, los alcaldes le reclaman porque creen haber sido estafados).

·         En general los congresistas sienten que tienen el derecho de ser atendidos inmediatamente por ministros o cualquier otra autoridad. Si alguien tiene interés en lograr una entrevista con alguno de ellos para alguna gestión particular, un parlamentario seguramente podría lograr una cita sin mayor demora. Eso sí, la gestión tendría un costo. Ahora si el congresista acompaña al particular, eso es servicio especial y los honorarios serían otros.

·         La ex congresista Luciana León está siendo investigada por el Ministerio Público, por, entre otras cosas, organizar reuniones sociales invitando a altos funcionarios públicos. Los empresarios que tenían temas que gestionar ante ellos, para poder asistir debían pagarle una “entrada” de algunos miles de dólares. Con un vaso de whisky en la mano, siempre hay mayor predisposición para lograr acuerdos amigables.

 Resumiendo:

Algunos congresistas tienen compromisos de gestionar intereses particulares desde antes de ser electos y otros después de asumir el cargo. Por las informaciones periodísticas, ¿no habrá habido casos en que alguno de ellos ya ha recibido dinero por adelantado a cuenta de favores todavía no prestados?

Los especialistas que buscan alternativas razonables para concretar el “que se vayan todos” han visto la posibilidad de incluir en el paquete político, una “compensación” a los congresistas por los meses que se les acortaría su periodo parlamentario. Por supuesto, se calcularía como un número de sueldos que razonablemente reconozcan las remuneraciones que dejarían de percibir. Pero ¿Qué hacemos con los otros ingresos? Aquellos que provienen de la gestión de intereses particulares

Esto no es todo, hay más….

El ser congresistas, además de dinero, da prestigio, fama, se pueden tejer relaciones, tener contactos. Tienen derecho a entrevistarse con cualquier funcionario público quien debe atenderlo sin mayores demoras; sale en TV y los periódicos; se reúne con el presidente de la República; todos los días tiene cola de gente en su oficina pidiéndole favores; es invitado a reuniones de diversos tipos; recibe entradas gratis y en palco preferencial para espectáculos importantes, como los partidos de la selección de futbol; no hace colas y le hacen reverencias adonde quiera que vaya. En fin, es una “persona importante”, no como el resto de los mortales.

Además, no menos importante, vuelta a vuelta salen viajes al interior y al exterior todo pagado y con las mayores comodidades, con las posibilidades que manejando “adecuadamente” los comprobantes de viáticos, además pueda quedarse con algún sencillo (Recuérdese el caso Salaverry).

La mayoría de los congresistas (alrededor de 2/3 del total) provienen de provincias. Tener que vivir en Lima, la capital, durante cinco años, con trabajo asegurado y muy bien remunerado, no deja de ser un privilegio soñado por muchos (y logrado por muy pocos).

Esos privilegios tienen que ser percibidos por el resto de los mortales. Muchos de ellos (sería bueno hacer una encuesta al respecto) seguramente compran o cambian sus carros al poco tiempo de asumir el cargo. Si es una camioneta grande, oscura y con lunas bien polarizadas, mejor.

Ladran….., pero no muerden.

Varios analistas se sorprenden porque el Congreso, siendo tan hostil al presidente Castillo, hasta la fecha, no solo no tiene los votos necesarios para removerlo de su cargo, sino que apenas ha censurado solo a dos ministros. La razón de fondo es que tienen miedo a que se tengan que ir ellos. Amenazan, gritan, pero a la hora de la votación, son particularmente prudentes.

Que hacemos

Con índices de aprobación menores del 20% de ambos poderes, la situación se hace cada vez más insostenible y ahora resulta que la supervivencia de un poder está vinculada directamente a la del otro. Hoy día, ambos poderes, legislativo y ejecutivo, terminan, en última instancia, apoyándose mutuamente para que no se acaben prematuramente sus mandatos.

Si la solución que se pretende es lograr “que se vayan todos”, es decir la renuncia de Pedro Castillo, de su vicepresidenta Dina Boluarte y la convocatoria en pocos meses de elecciones generales para barajar y dar de vuelta, tenemos que comprender que ninguno de los interesados tiene la menor intención de irse voluntariamente.

Entendamos, que además de cuestiones políticas, que sin duda existen, hay muchas otras “razones” que motivan las conductas y los votos de los parlamentarios

La única respuesta posible está en la calle. En Lima, se ha puesto de moda la expresión “hay que ponerse las zapatillas”, es decir salir a la calle y manifestar el descontento. Ya sucedió cuando el Congreso quiso imponer a Merino, quien pasó a la historia como “el breve” porque duró no más de 5 días. 3 000 000 de manifestantes en todo el país lo obligaron a renunciar. Esta es la tarea que hay por delante.

 

Silvio Dragunsky Genkin

Lima, abril 11 de 2022

silviodragunsky.blogspot.com