MILEI, EL AJUSTE Y EL NUEVO PAÍS QUE QUIEREN CONSTRUIR
Existe una
lógica clara: reordenar la economía argentina para adaptarla a las nuevas
condiciones del mercado mundial y fortalecer el peso de los sectores más
concentrados del poder económico.
Milei,
el ajuste y el nuevo país que quieren construir
Por Silvio Dragunsky G.
Hay momentos en que la política deja de ser un
juego de apariencias y obliga a mirar la estructura profunda de los procesos.
Lo que ocurre hoy en Argentina no puede reducirse a la personalidad de Javier
Milei, a su estilo provocador ni a la dureza coyuntural de algunas de sus
medidas. Detrás de todo eso hay un proyecto.
Puede gustar o generar rechazo, pero existe
una lógica clara: reordenar la economía argentina para adaptarla a las
nuevas condiciones del mercado mundial y fortalecer el peso de los sectores más
concentrados del poder económico.
Esa es la clave para entender el presente.
Milei no actúa simplemente como un dirigente
imprevisible. Es el ejecutor de un programa que busca modificar profundamente
el papel que el Estado desempeñó en la economía argentina durante buena parte
del período posterior a la Segunda Guerra Mundial.
El objetivo va mucho más allá de “ordenar las
cuentas públicas”. Implica reducir el peso de las políticas de bienestar,
modificar las relaciones laborales y redefinir el lugar de la industria
argentina en la economía mundial.
La Argentina que emerge de este proyecto es
diferente de aquella que aspiraba a desarrollar una estructura productiva
diversificada, con una industria fuerte, un amplio mercado interno y mecanismos
de protección social.
La apuesta parece orientarse hacia un país
especializado en aquellas actividades en las que posee ventajas competitivas
internacionales: alimentos, energía, petróleo, gas, litio y otros recursos
minerales.
Un país para exportar, no para incluir
La idea de fondo puede resumirse en una
fórmula sencilla: si Argentina necesita dólares y no puede obtenerlos mediante
crédito o inversión, debe generarlos exportando más y consumiendo menos
internamente.
De allí surge buena parte de la lógica del
ajuste sobre salarios, jubilaciones, gasto público y demanda interna.
No se trata solamente de una política de
emergencia destinada a atravesar una crisis. Es también una forma de modificar
el funcionamiento de la economía y, con ello, la relación de fuerzas entre los
distintos sectores sociales.
Desde esta perspectiva, la reducción del poder
adquisitivo no constituye simplemente un efecto secundario. Puede convertirse
en un mecanismo funcional al nuevo esquema.
Salarios más bajos significan menores costos
para determinadas empresas. Una menor demanda interna reduce el poder de
negociación de los trabajadores y obliga a muchas empresas orientadas al
mercado interno a reducir costos, cerrar o reconvertirse.
El resultado puede ser una economía más
orientada hacia la exportación, pero también una sociedad con menor capacidad
de consumo y mayores niveles de desigualdad.
La cuestión de fondo es sencilla: hacer de
Argentina un país más competitivo para producir y exportar puede significar,
simultáneamente, hacerla más difícil para vivir.
El derrumbe de la industria y el peso del modelo global
Argentina no compite en un vacío. Lo hace en
un mundo atravesado por enormes diferencias de productividad, escala y
tecnología.
China se ha convertido en una potencia
industrial de dimensiones extraordinarias, mientras Estados Unidos y Europa
continúan protegiendo sectores estratégicos mediante subsidios, regulaciones y
políticas industriales.
En ese contexto, suponer que una apertura
amplia de la economía permitirá automáticamente el fortalecimiento de la
industria argentina resulta, como mínimo, discutible.
Si las empresas locales deben competir de
inmediato con productores extranjeros que cuentan con mayores escalas,
tecnología, financiamiento o menores costos, una parte de la industria nacional
tendrá enormes dificultades para sobrevivir.
El riesgo es que Argentina termine
especializándose cada vez más en aquello que ya produce con ventajas relativas:
granos, carnes, aceites, petróleo, gas, litio y otros recursos naturales.
El resto de la economía quedaría
progresivamente condicionado por las importaciones.
El problema no es solamente económico. También
es territorial y social. Un país dependiente de unos pocos grandes complejos
exportadores tiende a concentrar la generación de riqueza en determinadas
regiones y actividades.
Mientras algunas zonas pueden beneficiarse de
la expansión agroindustrial, energética o minera, otras —en particular las
ciudades industriales y numerosos centros urbanos del interior— pueden sufrir
el cierre de fábricas, la pérdida de empleo y el deterioro de sus economías
locales.
La pregunta es inevitable: ¿qué tipo de
país se quiere construir?
¿Una Argentina integrada, con industria,
servicios públicos y un amplio mercado interno?
¿O una Argentina más pequeña en términos del
Estado y especializada en producir aquello que el mercado internacional está
dispuesto a comprar?
No son opciones equivalentes.
La clase media como una de las grandes víctimas
Existe una verdad incómoda en este proceso: la
clase media argentina puede convertirse en una de sus principales víctimas.
No es la única perjudicada. Los sectores de
menores ingresos sufren con especial intensidad la reducción de los ingresos
reales, la precarización y el deterioro de los servicios públicos. Pero el
deterioro de la clase media tiene una importancia económica, social y política
particular.
Durante décadas, la clase media fue uno de los
pilares de la sociedad argentina. Su existencia estuvo asociada a la
posibilidad de acceder a la educación, la vivienda, determinados niveles de
consumo y una expectativa razonable de movilidad social.
Cuando esa expectativa desaparece, no solo se
produce un empobrecimiento material. También se modifica la percepción del
futuro.
Una sociedad en la que amplios sectores
sienten que sus hijos vivirán peor que ellos, pierde uno de sus mecanismos
fundamentales de integración.
El resultado puede ser una Argentina más
desigual y polarizada.
De un lado, sectores minoritarios con elevados
niveles de consumo y acceso a activos financieros, propiedades y actividades
vinculadas a la exportación, la energía o los recursos naturales.
Del otro, una mayoría cada vez más expuesta a
la precariedad, la informalidad y la pérdida de capacidad adquisitiva.
Esta fractura no modifica únicamente la
economía. También transforma la cultura política y las relaciones sociales.
Estabilizar no es necesariamente reconstruir
La inflación constituye otro elemento central.
Durante años, la inflación argentina destruyó
ingresos, licuó salarios y convirtió la economía cotidiana en una permanente
incertidumbre. El programa de Milei parte de una premisa atendible: la
estabilización monetaria es una condición necesaria para reconstruir la
economía
Pero estabilizar los precios no equivale
necesariamente a reconstruir el bienestar.
Una economía puede alcanzar mayor estabilidad
macroeconómica y, al mismo tiempo, mantener elevados niveles de pobreza,
desempleo, informalidad o desigualdad.
La pregunta decisiva es qué ocurre después de
la estabilización.
Si el resultado es una economía con precios
más previsibles, pero con salarios deprimidos, servicios públicos debilitados y
una estructura productiva menos diversificada, el éxito macroeconómico tendrá
un costo social considerable.
La promesa oficial es que el sacrificio actual
permitirá construir las condiciones para una recuperación futura.
Pero esa recuperación no está garantizada.
Un proyecto que necesita dólares
El modelo tampoco depende exclusivamente de
las decisiones del gobierno. Necesita dólares.
Para sostener una economía más abierta y
financiar el crecimiento, Argentina requiere inversiones, exportaciones
crecientes, acceso al crédito y una expansión suficiente de sus sectores
generadores de divisas.
El país posee recursos extraordinarios para
hacerlo: agroindustria, petróleo y gas, litio, minería y capacidad energética.
Pero disponer de recursos no significa
automáticamente transformarlos en desarrollo.
La experiencia argentina muestra que los
períodos de estabilidad han dependido también de condiciones internacionales
favorables. Cuando ingresan dólares en abundancia, la economía dispone de
margen para crecer, importar e invertir. Cuando esos flujos desaparecen,
reaparecen las restricciones externas.
Por eso, una de las grandes incógnitas del
proyecto de Milei es si la expansión de las actividades exportadoras será
suficiente para generar los dólares necesarios y, al mismo tiempo, crear una
economía capaz de incorporar al conjunto de la sociedad.
Si no ocurre, existe el riesgo de que el
ajuste deje de ser una etapa transitoria y se transforme en una característica
permanente del modelo.
¿Qué país quedará después del ajuste?
Esta es, en última instancia, la pregunta que
debería estar en el centro del debate argentino.
El gobierno de Milei no está simplemente
intentando resolver una crisis fiscal o monetaria. Está tratando de cambiar la
estructura económica del país.
Por eso, la discusión no debería limitarse a
saber si el déficit fiscal es bueno o malo, si el Banco Central debe emitir o
si las empresas públicas deben privatizarse.
La cuestión fundamental es otra:
¿Qué Argentina se quiere construir?
Una economía más abierta, más pequeña en
términos del Estado y orientada hacia la exportación puede ser viable. Pero
también puede consolidar una estructura económica con fuertes desigualdades,
menor diversificación productiva y una sociedad más segmentada.
La reducción del Estado puede mejorar
determinadas variables fiscales, pero también puede dejar sin protección a
sectores que durante décadas dependieron de servicios públicos, jubilaciones y
políticas sociales.
La apertura puede abaratar determinados
productos, pero también destruir empresas incapaces de competir.
La disciplina fiscal puede estabilizar las
cuentas públicas, pero no garantiza por sí misma crecimiento, empleo ni
movilidad social.
Por eso, el verdadero debate no es simplemente
entre “ajuste” y “desorden”.
Es entre distintos modelos de sociedad.
La salida no vendrá sola
Si una parte importante de la sociedad
considera que este rumbo conduce a una Argentina más desigual y menos
integrada, la posibilidad de modificarlo no surgirá automáticamente desde el
poder.
La respuesta dependerá de la capacidad de los
sectores afectados para organizarse, movilizarse y, sobre todo, construir una
alternativa política capaz de disputar el sentido del cambio.
La protesta por sí sola no alcanza.
La resistencia social puede frenar una medida,
modificar una ley o imponer un límite. Pero para cambiar el rumbo económico se
necesita algo más: un proyecto alternativo de país.
La historia argentina demuestra que los
grandes reordenamientos económicos nunca se producen sin conflicto. Cuando se
modifican profundamente los salarios, el empleo, la industria, las jubilaciones
y las condiciones de vida, tarde o temprano aparece la resistencia.
La verdadera incógnita no es si habrá
conflicto.
Es si ese conflicto será capaz de producir una
alternativa.
Porque el problema argentino no se reduce a
cuánto ajuste puede soportar la sociedad.
La cuestión de fondo es mucho más profunda:
qué país quedará después del ajuste y quiénes
tendrán un lugar en él.
Silvio
Dragunsky G.
Silviodragunsky.blogspot.com
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