Perú: una elección extremadamente reñida en un país profundamente dividido

 


Perú: una elección extremadamente reñida en un país profundamente dividido

Para quienes observan la política peruana desde el exterior, el resultado de la segunda vuelta presidencial puede parecer sorprendente. Sin embargo, debe entenderse en el contexto de un sistema político altamente fragmentado, con partidos débiles, una elevada volatilidad electoral y una prolongada crisis institucional. En los últimos años, el país ha atravesado una sucesión de presidentes, enfrentamientos permanentes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso y un marcado deterioro de la seguridad ciudadana. Ese contexto ayuda a explicar tanto la polarización electoral como la extrema estrechez del resultado.

Un resultado decidido por apenas el 0,2 %

En la primera vuelta participaron 36 partidos políticos. Keiko Fujimori obtuvo alrededor del 10 % del padrón electoral y Roberto Sánchez aproximadamente el 7 %. Ambos llegaron al balotaje con apoyos iniciales relativamente reducidos, reflejo de la enorme fragmentación del sistema político peruano.

En la segunda vuelta, Fujimori obtuvo una ventaja de aproximadamente 49.600 votos sobre un total cercano a 19 millones de sufragios emitidos, es decir, apenas un 0,2 %. Fue una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente del país.

Dos candidaturas muy diferentes

Keiko Fujimori representa una derecha tradicional que conserva una parte importante del apoyo popular construido durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Su campaña giró alrededor de un mensaje muy simple: "Orden frente al caos". El eslogan buscó conectar con una sociedad cansada de la inestabilidad política, los constantes cambios de gobierno y el fuerte incremento de la delincuencia y la violencia urbana. La seguridad pública fue, probablemente, el tema dominante de la campaña. Tubo a su favor, el apoyo de la mayoría de la prensa escrita y televisada al extremo de merecer una observación de alguna de las misiones internacionales que supervisaron el proceso electoral.

Roberto Sánchez, psicólogo de profesión, fue congresista y ministro de Comercio Exterior y Turismo durante la presidencia de Pedro Castillo. Se lo considera un dirigente de izquierda moderada. Durante la campaña adoptó el característico sombrero de ala ancha popularizado por Castillo, buscando identificarse con el electorado rural y con los migrantes andinos establecidos en las ciudades de la costa.

A partir de una organización política cuya conducción pasó a sus manos en circunstancias posteriormente cuestionadas por antiguos dirigentes del partido, logró reunir a diversos grupos de izquierda y de centroizquierda bajo la denominación Juntos por el Perú.

Una de las consignas más reiteradas de su campaña fue reclamar el indulto para Pedro Castillo, actualmente detenido y sometido a proceso judicial por su intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso en diciembre de 2022.

 

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Un país dividido territorialmente

El mapa electoral volvió a mostrar una profunda división geográfica. Fujimori ganó en Lima, en buena parte de la costa norte —la región más urbanizada y de mayor desarrollo económico— y también en sectores de la Amazonía septentrional, donde el gobierno de Alberto Fujimori realizó importantes obras de infraestructura.

Sánchez obtuvo, en cambio, victorias muy amplias en casi toda la región andina y especialmente en el sur del país.

La paridad fue absoluta. Con una diferencia tan reducida, cualquiera de los dos candidatos podría haber resultado vencedor.

Las denuncias de fraude: una historia que se repite

Las últimas elecciones presidenciales peruanas se han caracterizado por márgenes extremadamente estrechos.

En la elección anterior fue Keiko Fujimori quien denunció fraude sin aportar pruebas suficientes para sostener esa acusación. Los organismos electorales y las misiones internacionales de observación validaron entonces los resultados. En aquel momento, la izquierda defendió la legitimidad del triunfo de Pedro Castillo y criticó duramente a la derecha por cuestionar el proceso electoral.

En esta oportunidad, es Roberto Sánchez quien plantea sospechas sobre un eventual manejo irregular de algunas actas correspondientes al voto en el exterior. Hasta el momento no ha presentado pruebas que respalden esas denuncias. Tanto los representantes de los partidos presentes en las mesas de votación como los observadores internacionales han informado que el proceso electoral transcurrió con normalidad y sin evidencias de fraude sistemático.

El cálculo político detrás de las impugnaciones

Desde el punto de vista político, las impugnaciones parecen responder principalmente a una lógica de construcción de liderazgo.

Sánchez necesita demostrar a sus votantes —especialmente en el sur andino— que agotará todas las instancias para defender cada voto recibido y consolidarse como el principal referente de la oposición al nuevo gobierno. Esa necesidad es aún mayor porque no fue elegido congresista, lo que reducirá considerablemente su presencia institucional y mediática.

Además, su bancada parlamentaria reúne sectores muy diversos, por lo que no sería sorprendente que experimente un proceso gradual de fragmentación conforme avance la nueva legislatura, como ha ocurrido con frecuencia en el Congreso peruano.

Una conclusión

Más que una crisis de legitimidad del sistema electoral, esta elección refleja un país dividido casi exactamente en dos mitades.

La estrechísima diferencia entre ambos candidatos convierte cualquier cuestionamiento al resultado en un recurso políticamente rentable para quien resulta derrotado. La experiencia de las dos últimas elecciones demuestra que esta conducta ya no es patrimonio exclusivo de uno u otro sector político, sino una manifestación de la creciente polarización, de la debilidad de los partidos y de la fragilidad institucional que caracteriza al Perú contemporáneo.

 

Silvio Dragunsky G.

Lima, 30 de junio de 2026

Sdragunsky@gmail.com

Silviodragunsky.blogspot.com

 

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