LA DEGRADACIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Y LA ECONOMIA ILEGAL

  

La degradación política del Perú y la economía ilegal

Por Silvio Dragunsky

Introducción: economía ilegal y crisis política

La degradación política del Perú es inseparable del crecimiento sostenido de la economía ilegal y de la cultura que esta ha terminado por imponer.

En el debate público peruano se repite una pregunta cargada de desconcierto moral: ¿cómo es posible que el Congreso sea cada vez peor y que el país elija, una y otra vez, presidentes improvisados? La respuesta habitual apunta a la ignorancia del electorado, a defectos del diseño constitucional o a una supuesta decadencia ética de la política. Este texto propone una hipótesis distinta —y menos tranquilizadora—: la degradación política del Perú es inseparable del crecimiento sostenido de la economía ilegal y de la cultura que esta ha terminado por imponer.

Durante las últimas décadas, el Perú ha experimentado un deterioro persistente de su vida política y, de manera particularmente visible, de la calidad de sus congresos. La fragmentación extrema, la volatilidad de las bancadas, la proliferación de intereses particulares y la deslegitimación de las instituciones representativas no son fenómenos aislados ni puramente culturales. Constituyen, más bien, la expresión política de un país donde amplias zonas de la economía funcionan al margen de la ley y han dejado de reconocer al Estado como árbitro legítimo.

El crecimiento estructural de la economía ilegal

La minería ilegal de oro en regiones como Madre de Dios, Puno o La Libertad; el narcotráfico en el VRAEM y otras zonas cocaleras; y la tala ilegal en la Amazonía no son fenómenos marginales. Hoy constituyen componentes estructurales de la economía real del país.

Desde comienzos del siglo XXI, el Perú ha visto expandirse de manera significativa diversas actividades ilegales vinculadas a la explotación directa de recursos naturales. La minería ilegal de oro en regiones como Madre de Dios, Puno o La Libertad; el narcotráfico en el VRAEM y otras zonas cocaleras; y la tala ilegal en la Amazonía no son fenómenos marginales. Hoy constituyen componentes estructurales de la economía real del país.

Estas actividades movilizan miles de millones de dólares anuales, emplean a grandes contingentes de población y articulan redes locales, regionales e internacionales. Diversas estimaciones sitúan la exportación de oro no registrado en torno a los 12 mil millones de dólares anuales, mientras que la economía de la cocaína supera los 2 300 millones adicionales. Sumadas otras actividades extractivas ilegales, es razonable suponer que la economía ilegal masiva alcanza —como mínimo— los 20 mil millones de dólares por año.

Estas economías prosperan allí donde el Estado es débil o inexistente. Operan en territorios de difícil acceso, con baja presencia de autoridades y escasa capacidad de fiscalización. Su lógica central es la apropiación inmediata de rentas extraordinarias, sin mediaciones legales, sin pago de impuestos y sin controles ambientales o laborales. En este sentido, la economía ilegal no es simplemente informal: es abiertamente antinormativa.

Cultura de la ilegalidad y transformación del vínculo con la ley

  

 

La institucionalidad es tolerada solo en la medida en que no interfiera con el negocio. Allí donde interfiere, se la captura, se la debilita o se la neutraliza. Recursos para hacerlo no faltan

Los actores que participan de estas economías comparten rasgos culturales y prácticos específicos. En primer lugar, un profundo desprecio por las normas y por las autoridades estatales, percibidas como obstáculos que deben ser removidos, corrompidos o ignorados. En segundo lugar, una concepción extractiva de los recursos naturales, entendidos como botín disponible antes que como patrimonio colectivo sujeto a regulación. Finalmente, una forma particular de resolución de conflictos basada en la justicia privada, la coacción o la violencia directa.

Con el tiempo, estas prácticas generan una cultura política implícita, una manera de entender el poder y la autoridad. La ley deja de ser un marco común y pasa a ser un instrumento negociable o descartable. La institucionalidad es tolerada solo en la medida en que no interfiera con el negocio. Allí donde interfiere, se la captura, se la debilita o se la neutraliza. Recursos para hacerlo no faltan.

El colapso de los partidos políticos tradicionales

El mensaje implícito ha sido claro: no se necesita un partido, una trayectoria ni una estructura institucional para acceder al poder.

Un elemento clave que explica la facilidad con la que estas lógicas penetran en la política es la desaparición —o virtual irrelevancia— de los partidos políticos tradicionales. Organizaciones como el APRA, Acción Popular o el Partido Popular Cristiano, que durante décadas articularon intereses, formaron cuadros y socializaron a sus dirigentes en una cierta cultura institucional, hoy han desaparecido del escenario político o sobreviven de manera marginal.

En su lugar han surgido lo que puede denominarse cascos electorales: estructuras mínimas, efímeras, creadas casi exclusivamente para competir en una elección. Estos vehículos carecen de ideología consistente, de vida orgánica y de mecanismos de control interno. Funcionan como emprendimientos personales orientados a maximizar retornos políticos inmediatos antes que a construir representación duradera.

Este proceso ha sido reforzado por la experiencia presidencial de las últimas décadas. Con la sola excepción del segundo gobierno de Alan García, todos los presidentes del Perú desde Alberto Fujimori han sido outsiders, ajenos a partidos consolidados y apoyados en movimientos improvisados. El mensaje implícito ha sido claro: no se necesita un partido, una trayectoria ni una estructura institucional para acceder al poder.

De la economía ilegal a la política informal

En un sistema democrático con elecciones frecuentes, los recursos económicos ilegales buscan protección, influencia y continuidad. Esto se traduce en financiamiento de campañas, apoyo logístico a candidatos locales y nacionales, y presión directa sobre autoridades electas.

La lógica del emprendimiento individual, tan cercana a la economía informal e ilegal, se traslada así al terreno político. La organización partidaria deja de ser un espacio de mediación colectiva y se convierte en una herramienta instrumental, descartable una vez cumplido el objetivo electoral. En este contexto, la política se vuelve especialmente permeable a intereses ilegales, que encuentran más sencillo capturar o financiar proyectos personales que influir en partidos con identidad, disciplina y arraigo social.

En un sistema democrático con elecciones frecuentes, los recursos económicos ilegales buscan protección, influencia y continuidad. Esto se traduce en financiamiento de campañas, apoyo logístico a candidatos locales y nacionales, y presión directa sobre autoridades electas. El Congreso, como espacio central de producción normativa y control político, se convierte en un objetivo estratégico.

En las últimas dos décadas, el Parlamento peruano ha mostrado una presencia creciente de representantes con vínculos directos o indirectos con economías ilegales o informales. No siempre se trata de criminales en sentido estricto, sino de actores socializados en entornos donde la norma es secundaria y la transacción directa prima sobre la institucionalidad. Esto ayuda a explicar la proliferación de iniciativas legislativas destinadas a debilitar regulaciones ambientales, limitar la capacidad sancionadora del Estado o interferir con el sistema judicial.

Métodos ilegales, prácticas políticas

 

El Congreso se convierte así en un espacio de transacciones opacas, amenazas veladas y alianzas efímeras, más cercano a un mercado informal que a un foro deliberativo

Más allá de los intereses materiales, lo que se traslada a la política son procedimientos. La lógica de la economía ilegal se reproduce en el comportamiento político: improvisación normativa, desprecio por la técnica legislativa, uso instrumental de las leyes para resolver conflictos inmediatos y personalización extrema de las decisiones.

El Congreso se convierte así en un espacio de transacciones opacas, amenazas veladas y alianzas efímeras, más cercano a un mercado informal que a un foro deliberativo. La resolución de conflictos políticos sigue patrones similares a los de la ilegalidad económica: confrontación directa, censura como arma política, vacancia como mecanismo de presión y deslegitimación sistemática del adversario. El resultado es una inestabilidad crónica que erosiona la confianza ciudadana y refuerza la percepción de que la política es un terreno sin reglas claras.

El debilitamiento del Estado de derecho

 

Se configura así un círculo vicioso en el que economía ilegal, degradación institucional y descomposición política se refuerzan mutuamente

El impacto de esta dinámica sobre el Estado de derecho es profundo. Cuando una parte significativa de la economía y de la representación política opera con lógicas antinormativas, la ley pierde su carácter universal. Se fragmenta en excepciones, interpretaciones interesadas y zonas grises. El ciudadano común percibe que el cumplimiento de las reglas es opcional para los poderosos y obligatorio solo para quienes carecen de protección o recursos.

Este proceso retroalimenta la informalidad. Si la política se percibe como corrupta e ineficaz, la legitimidad del Estado se erosiona aún más, incentivando a nuevos actores a operar fuera de la ley. Se configura así un círculo vicioso en el que economía ilegal, degradación institucional y descomposición política se refuerzan mutuamente.

La paradoja de la economía formal

El resultado es un equilibrio perverso en el que nadie con poder real parece tener incentivos para modificar el statu quo.

Mientras la política se degrada, la economía formal muestra indicadores de notable estabilidad. Inflación cercana al 2 % anual, tipo de cambio estable —incluso con apreciación del sol—, crecimiento sostenido entre 3 y 5 % y un notable aumento de las utilidades empresariales. En 2025, la Bolsa de Valores de Lima registró un crecimiento cercano al 50 %.

Esta paradoja no es accidental. La economía formal y la informal conviven sin mayores tensiones estructurales. Ambas se benefician, por distintas vías, de un Estado débil, fragmentado y predecible en su incapacidad de intervenir eficazmente. El resultado es un equilibrio perverso en el que nadie con poder real parece tener incentivos para modificar el statu quo.

Conclusión: el outsider como producto, no como anomalía

Lo excepcional no sería la aparición de outsiders, sino la emergencia de políticos institucionales sólidos

El predominio del outsider en la política peruana suele explicarse como una patología coyuntural: un error del electorado o una crisis de representación pasajera. Es una explicación cómoda y, precisamente por eso, equivocada. El outsider no es una desviación del orden político: es su resultado lógico.

En un país donde una porción creciente de la economía se organiza al margen de la ley; donde la apropiación directa reemplaza a la regulación; donde los conflictos se resuelven sin jueces ni mediadores; y donde los partidos han sido sustituidos por cascos electorales personales, lo excepcional no sería la aparición de outsiders, sino la emergencia de políticos institucionales sólidos.

Mientras la política siga operando como una extensión de la informalidad —improvisada, transaccional y personalista—, cualquier intento de reconstrucción institucional será frágil. No se trata solo de reformar el Congreso o endurecer requisitos electorales, sino de enfrentar el núcleo del problema: una economía ilegal que produce no solo renta ilícita, sino también una forma de entender el poder.

Hasta que el Estado no recupere capacidad efectiva sobre el territorio, los recursos naturales y la producción económica, la política seguirá reflejando ese vacío. Y mientras eso ocurra, el outsider seguirá siendo no la excepción, sino la figura más coherente con el Perú realmente existente.

Visto que no hay ningún sector realmente interesado en modificar esta situación, habrá que esperar que surja un movimiento social de tal envergadura que sea capaz de hacer los cambios que se necesitan.

Silvio Dragunsky G.

sdragunsky@gmail.com

silviodragunsky.blogspot.com

Lima (Perú), 30 de enero de 2026

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