PERU: UN PAÍS, DOS ESTADOS

 

PERU: UN PAÍS, DOS ESTADOS

Los dos países que caben en el Perú

En el Perú conviven dos países que rara vez se miran a los ojos. No son Costa y Sierra, ni Lima y las regiones, aunque esas fracturas existen. Son, más bien, dos maneras profundamente distintas de estar en el mundo

En el Perú conviven dos países que rara vez se miran a los ojos. No son Costa y Sierra, ni Lima y las regiones, aunque esas fracturas existen. Son, más bien, dos maneras profundamente distintas de estar en el mundo: una, que deposita su confianza en el Estado y en la legalidad; la otra, que se sostiene mediante la apropiación directa y la resolución inmediata de los conflictos. Dos racionalidades que se cruzan todos los días sin llegar a reconocerse como partes de un mismo proyecto nacional.

Para uno de esos países —el minoritario— la ley es un marco de acción. Allí el Estado existe: hay contratos laborales, licencias, recibos por honorarios, jueces que resuelven, oficinas que registran propiedades, instituciones que median. Apenas algo más del 30% de la población vive bajo este paraguas, pero desde las zonas urbanas formales parece como si fuera el único Perú real.

El otro país es más amplio y variado. Es el Perú de la informalidad, aunque esa palabra es demasiado pequeña para contenerlo. Es el Perú que funciona sin intermediación estatal, donde la supervivencia y la acumulación se realizan a través de la ocupación directa de recursos: oro, madera, tierras, coca, pesca, rutas de transporte, espacios urbanos. Aquí, las reglas no las dicta la ley sino la necesidad, la fuerza o los acuerdos locales. Y, sin embargo, este mundo es mucho más que precariedad: es también un terreno donde se ha reproducido —y ampliado— la estratificación social.

Porque en ese Perú informal también se han construido fortunas, poder territorial, lealtades políticas y estructuras de autoridad que rivalizan con el Estado. Los actores económicamente poderosos del mundo informal —gremios de transporte, grandes intermediarios del comercio, redes de acopiadores, líderes de la minería ilegal y/o del cultivo de coca, operadores regionales— tienen un peso decisivo en la vida social y política del interior del país. Muchos han logrado influir o incluso controlar gobiernos departamentales. No son marginales: son élites alternativas, surgidas de un sistema económico que no pasa por notarías ni juzgados.

Y es en este escenario donde debe entenderse también un hecho político crucial: el triunfo de Pedro Castillo en 2021. Su llegada a la presidencia no fue un accidente ni un desvarío electoral; fue, más bien, la expresión política del surgimiento de una nueva clase social que reclama un lugar en el poder. Una clase nacida del Perú informal, con identidad propia, con memoria de exclusión y con ambiciones que ya no caben dentro del marco estrecho que ofrece el país formal

 

El país de las reglas: cuando el Estado existe

 

 

El Perú formal vive bajo la convicción —no siempre comprobada, pero mantenida como ideal— de que las instituciones pueden ordenar la vida social

El Perú formal vive bajo la convicción —no siempre comprobada, pero mantenida como ideal— de que las instituciones pueden ordenar la vida social. Sus habitantes negocian con formularios, contratos, regulaciones, licencias. Valoran la estabilidad que produce la burocracia, aunque la critiquen. Imaginan un futuro relativamente previsible: salarios, pensiones, propiedad registrada, seguridad jurídica.

En este país, la ciudadanía se ejerce a través de canales institucionales. Si hay un conflicto, se busca un juez. Si hay una disputa por un recurso, se revisa el marco normativo. Si se requiere protección, se acude al Estado. No es un país libre de tensiones, pero en él la violencia aparece como un fracaso del sistema, no como un mecanismo legitimado para resolver problemas.

 

El país de la apropiación: cuando el Estado no alcanza

Aquí, la vida se sostiene sobre la ocupación directa. La economía se organiza por fuera de la supervisión estatal

Más allá de ese perímetro institucional se despliega un territorio donde la ley es un ruido lejano. Las reglas existen, pero son otras: acuerdos comunitarios, jerarquías locales, liderazgos informales, códigos tácitos, poderes de facto.

Aquí, la vida se sostiene sobre la ocupación directa. La economía se organiza por fuera de la supervisión estatal. Se extrae madera en zonas prohibidas, se pesca donde la veda lo impide, se explota oro donde no hay permisos, se ocupan tierras donde la propiedad formal es un lujo inalcanzable, se siembra y procesa coca.

Pero este mundo no es solo el terreno de los pobres. Es también el escenario donde emergen nuevas élites. La informalidad no ha impedido —sino facilitado— la concentración de poder económico. La falta de regulación permite que ciertas actividades generen ingresos inmensos en manos de pocos. Campamentos mineros, redes de tala ilegal, grandes transportistas informales, acopiadores de productos agrícolas, intermediarios comerciales… El Perú informal ha producido sus propios “ricos”, sus propios caudillos, sus propios operadores políticos.

El poder regional que han adquirido no se basa en partidos ni en instituciones, sino en influencia económica, control territorial, redes de lealtad y capacidad para mediar —o imponer— soluciones allí donde el Estado es un actor periférico o impotente.

 

 

Dos racionalidades que chocan

Si uno mira de cerca, la fractura entre ambos países no es solo económica: es conceptual. Se trata de dos ideas incompatibles de orden.

Si uno mira de cerca, la fractura entre ambos países no es solo económica: es conceptual. Se trata de dos ideas incompatibles de orden.

En el Perú formal, el Estado es el árbitro: regula, autoriza, sanciona. El conflicto debe resolverse en tribunales. La violencia es ilegítima.

En el Perú informal, el Estado es un actor débil, esporádico o irrelevante. La resolución de los conflictos es directa, y a veces violenta. La legitimidad no proviene de la ley, sino de la eficacia: del que puede hacer cumplir lo acordado en el terreno.

La estratificación dentro del mundo informal reproduce esta lógica: quien acumula recursos se convierte en autoridad. Y esa autoridad se traduce en capital político. En varias regiones, los grandes operadores de la economía informal tienen más poder real que cualquier gobernador regional. No es extraño que financien campañas, organicen protestas, definan alianzas y ejerzan influencia

La aparición de una nueva clase social

 

Castillo fue la primera irrupción nacional de un actor social largamente invisibilizado: la clase emergente del Perú informal y rural, que ya no se reconoce representada por las élites del país formal

Aquí se enmarca el fenómeno político que sorprendió a muchos: la victoria de Pedro Castillo. No fue solo un rechazo al establishment limeño. Fue, sobre todo, la primera irrupción nacional de un actor social largamente invisibilizado: la clase emergente del Perú informal y rural, que ya no se reconoce representada por las élites del país formal.

Castillo canalizó la energía acumulada de múltiples sectores:

• maestros rurales precarizados,
• pequeños agricultores,
• comerciantes informales,
• transportistas,
• mineros artesanales,
• poblaciones que viven bajo normas locales, no estatales,
• y también parte de esa nueva élite regional que, sin ser formal, posee poder económico y político real.

Su triunfo fue la señal inequívoca de que el Perú informal ya no es solo un espacio económico alternativo: es un campo de poder en expansión, con proyecto propio, con identidad política emergente, con conciencia de su número y su fuerza.

La disputa por el Estado ya no es solo entre partidos, sino entre modelos de orden social. Tratar de encontrar soluciones administrativas o policíales, es una ridiculez.

La pregunta central: ¿quién gobierna el Perú?

El Perú es un país donde la mayoría que produce no es la mayoría que gobierna, y la minoría que gobierna no es la que sostiene la vida cotidiana del país.
Ese desajuste es la raíz del conflicto político permanente

La disputa entre el Perú formal y el Perú informal ya no es solo económica o cultural: es una batalla por el Estado.
Una lucha por definir:

• qué es legal,
• quién decide sobre los territorios,
• quién distribuye los recursos,
• quién representa al país,
• y qué proyecto nacional debe prevalecer.

Y es una lucha abierta, no resuelta, que atraviesa cada crisis política, cada gobierno débil, cada protesta, cada elección regional y cada intento de reforma.

El Perú es un país donde la mayoría que produce no es la mayoría que gobierna, y la minoría que gobierna no es la que sostiene la vida cotidiana del país.
Ese desajuste es la raíz del conflicto político permanente.

Conclusión: un país en disputa

El Perú no está dividido: está en disputa. Esa disputa, por primera vez en siglos, no se da dentro de las élites, sino entre dos modelos de orden social

Los dos países que caben dentro del Perú ya no pueden coexistir sin enfrentarse. El país formal intenta reafirmar su autoridad institucional; el país informal exige reconocimiento y poder. La fractura no es un caos: es la expresión de un país donde dos proyectos de nación compiten sin que ninguno pueda imponerse por completo.

El Perú no está dividido: está en disputa.
Y esa disputa, por primera vez en siglos, no se da dentro de las élites, sino entre dos modelos de orden social

Es bueno hacer notar que este problema está profundamente estudiado por los políticos, por los politólogos, los sociólogos y demás profesiones afines, quienes dan diversas respuestas parciales que no parecen ser soluciones efectivas.

Los que hemos tenido un pasaje por la política alguna vez, vemos que las fórmulas viejas ya no son aplicables y nadie propone otras nuevas que generen optimismo.

Silvio Dragunsky

sdragunsky@gmail.com

silviodragunsky.blogspot.com

Lima, 25/11/2025